Jorge en contra de RBStV: noviembre 2018

Un amigo mio que podáis ver en la foto de mi perfil me ha pedido publicar una carta dirigida a Amnesty International en Londres aquí:
Political persecution of minorities (non-users of radio and television) and opposition (opponents of the consumption of radio and television) in Germany

La carta dice que existe una persecución de personas en Alemania que rechazan la televisión publica por motivos políticos o simplemente por el hecho de que no quieren usar ni promocionar estos medios. Desde 2013 las autoridades en la función de las cadenas regionales (SWR, WDR, BR, NDR, MDR y otras) tienen el derecho de perseguir cualquier persona que no está dispuesto financiar la difusión de programas de radio y televisión con medidas de ejecución.
Anteriormente el ciudadano tenía que pagar el canon al respecto del número de los aparatos receptores que hubiera en cada casa y desde 2013 por cada piso en general. Ya en el viejo sistema había un alto número de mandamientos de ejecución por motivos económicos de deudores.

Hay un análisis de esta situación a través de los informes anuales de “Beitragsservice” (servicio de contribución) que se dedica al enforzamiento del pago por parte del poseedor de la vivienda que tenga declarado su domicilio en ella o figure como inquilino en un contrato de arrendamiento. A este respecto, la carta se remita a los informes anuales de esta institución de persecución de los años 2014-2017 [véase 1-4]. En consecuencia, las solicitudes de ejecución forzosa se han duplicado desde el lanzamiento del nuevo canon de radiodifusión a partir del 1 de enero de 2013 hasta el final del año fiscal 2015, de 697,703 a 1,4 millones de solicitudes. El servicio explica en sus propios informes que la conversión del canon a "Rundfunkbeitrag" (contribución para la radiodifusión) es responsable de este enorme aumento de medidas de ejecución [2, p. 25 y 33].

El Informe Anual 2016 indica un cifra de 1.46 millones de solicitudes de ejecución forzosa para este año financiero [3, p. 25], que representa incluso un ligero aumento respecto al año anterior. No queda claro a partir de los informes del servicio de contribución cuántas de estas solicitudes llevan incluso a arrestos, ya que, por supuesto, no hay estadísticas al respecto. Como las víctimas son a menudo personas que rechazan los medios de masas, estas personas generalmente no recurrirán a los medios. Sin embargo, hubo una cobertura vacilante en varios medios con motivo de la ola de arrestos de críticos en diciembre de 2015 a esta forma de persecución de personas causada por las autoridades de radiodifusión. Representante de esta resistencia y estos arrestos es la activista Sieglinde Baumert de Turingia, la que fue encarcelada por hacer cumplir un pago de una contribución de 191 euros por 61 días [vé también 5 y 6].

Una ley puede ser discriminatoria en dos direcciones. La discriminación se puede formular, por ejemplo, estipulando que un grupo particular de personas en un autobús no tiene el derecho sentarse en el frente. Pero también se puede formular esta ley estipulando que un grupo particular de personas debe sentarse en la parte trasera. El primero es entonces una prohibición y el segundo es un mandamiento. En este sentido, § 2 RBStV es una ley discriminatoria que obliga a los no usuarios de la radio y la televisión a apoyar estos medios, aunque este grupo de personas no quiere ni usar ni promocionar la radio y la televisión. Además, el grupo de usuarios reales de radio y televisión se ve aliviado financieramente por el compromiso obligatorio del otro grupo, que es una preferencia para los fanáticos del consumo de radio y televisión. La preferencia de un grupo particular de la sociedad es también una forma de discriminación.

Por lo tanto, la carta pide a Amnistía Internacional que defienda a las víctimas de esta forma de persecución, porque se trata de la persecución específica de minorías (no usuarios de radio y televisión) y de la oposición (opositores de radio y televisión, del TV público o de medios de comunicación en general). La negativa y el no uso de dichas instituciones es, sin duda, una actitud básica que expresa una voluntad política de no apoyar ni promocionar estas instituciones.

No creo que ningún gobierno tenga el derecho perseguir o discriminar a personas solamente por el hecho de que rechazan el uso de radio y televisión. Una sociedad que actuá de esta manera no puede continuar a denominarse democracia porque una característica esencial de esta forma política de Estado es que existe en ella la protección de minorías y oponentes.

Además, el conflicto personifica un enfrentamiento entre los usuarios de los viejos medios y los usuarios de los nuevos medios que se manifestá en la participación de muchos jóvenes en la resistencia contra una ley injusta. En este contexto, el ultimo informe del servicio de contribución menciona una cifra de

4,25 millones personas [4, p. 21] que todavía no pagan el nuevo canon

después de más de 5 años de su introducción. Aparte de la agresividad de las autoridades de radiodifusión se puede observar en el conflicto una forma de arrogancia de una cultura retrasada que ve en la violencia contra sus adversarios el único modo de garantizar la supervivencia de su estatus perdido. Este comportamiento no es nuevo ya que se ha visto mil veces en otras tiranías.

Referencias:
[1] Informe anual 2014 del servicio de contribución
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e1691/Geschaeftsbericht_2014.pdf
[2] Informe anual 2015 del servicio de contribución
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e4730/Jahresbericht_2015.pdf
[3] Informe anual 2016 del servicio de contribución
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e5042/Jahresbericht_2016.pdf
[4] Informe anual 2017 del servicio de contribución
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e5774/Jahresbericht_2017.pdf
[5] A la cárcel por no pagar la tele
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/06/actualidad/1459954702_117009.html
[6] La televisión pública alemana encarcela a una ciudadana por no pagar el canon
http://www.abc.es/internacional/abci-television-publica-alemana-encarcela-ciudadana-no-pagar-canon-201604042050_noticia.html

Amnesty International
1 Easton Street
London, WC1X 0DW
United Kingdom

Subject: Political persecution of minorities (non-users of radio and television) and opposition (opponents of the consumption of radio and television) in Germany

Dear Amnesty International Team,
in Germany the laws governing the financing of radio and television (the so-called "Rundfunkbeitrag") were changed in 2013, with the result that people who were formerly not required to finance the broadcasting system are now being forced to do so. Prior to 2013, the fee depended on the number of devices owned by a household. Since a fee is now paid per household, irrespective of whether or not those households own or consume radio or television, households addicted to these media are now being financially relieved to the disadvantage of those who reject them.
As a consequence of this change, the already very high number of enforcement measures for the recovery of the broadcasting fee has increased enormously. In this regard I refer to the annual reports of the “Beitragsservice” (contribution service) from the years 2013-2017 (cf. Beitragsservice Geschäftsberichte 2013-2017). According to its own statistics, the contribution service's overdue notices have doubled since the launch of the new broadcasting financing system on 1 January 2013 until the end of fiscal year 2015, from 697,703 to 1.4 million overdue notices. The contribution service explains itself in its report that the conversion to the “Rundfunkbeitrag” is responsible for this enormous increase (see Annual Report 2015, p. 25 and 33).
The Annual Report 2016 indicates the initiation of 1.46 million enforcement measures for this financial year (see ibid, p.25), which even allows a slight increase over the previous year. It is not clear from the reports of the contribution service how many of these enforcement measures ultimately lead to arrests, since of course there are no statistics on this. Since the victims are often people who reject the media, these people will generally not turn to the media. Nevertheless, there was hesitant coverage in various media on the subject of the wave of arrests in December 2015, criticising this form of persecution perpetrated on the people by the broadcasting authorities. Representative of this resistance and these arrests is the activist Sieglinde Baumert from Thuringia, who was imprisoned for 61 days enforcing the payment of a contribution of 191 euros.
A law can be discriminatory in two directions. For example, discrimination can be formulated by stipulating that a particular group of people in a bus may not sit at the front. But it can also be formulated by stipulating that a particular group of people must sit in the back. The former is then a prohibition and the second is a command. In this sense, § 2 RBStV is a discriminatory law that commands non-users of radio and television to support these media, although this group of people want neither to promote nor to support radio and television. In addition, the group of real users of radio and television is financially relieved by the compulsory commitment of the other group, which is a preference for fans of the consumption of radio and television. The preference of a particular group of society is also a form of discrimination.
I would therefore ask Amnesty International to stand up for the victims of this form of persecution, because it is the matter of the specific persecution of minorities (non-users of radio and television) and opposition (opponents of radio and television, public service broadcasters or themedia in general). The rejection and non-use of said institutions is undoubtedly a basic attitude that expresses a political will not to support or promote these institutions.
Recently I also became a victim of this persecution when I received notification from the authorities that I had been registered in a debtors`list on the basis of my protest against the “Rundfunkbeitrag” (see. Documentation of the event). This stigmatises me as a debtor, although I pay my bills on time. This loss of creditworthiness will inevitably lead to discrimination of my person, based only on the fact that I do not want to use radio and television.